Denuncian militarización en comunidad antiminera de Ecuador

Quito, 18 mar (Prensa Latina) Moradores de la comunidad de Palo Quemado y las Pampas en la provincia ecuatoriana de Cotopaxi denunciaron hoy nuevamente la presencia de militares allí para amedrentar a la población opuesta a la minería.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) demandó en la red social X que más de 500 efectivos se agrupan en esa localidad generando un clima de tensión y preocupación en la región.
La imposición de una consulta ambiental mediante la fuerza militar no solo ignora, sino que viola los derechos fundamentales de los pobladores, quienes legítimamente defienden los territorios, plasmó la organización indígena en un comunicado.
Por su parte, el Frente Nacional Antiminero advirtió que los cientos de uniformados han llegado hasta esas comunidades para custodiar a la compañía canadiense Atico Mining.
Asimismo, el Comité Popular 15 de Noviembre denunció que 70 comuneros de Cotopaxi fueron acusados de terroristas por defender sus territorios.
A pesar de la llegada de paramilitares armados pagados por las mineras para atemorizar a los pobladores de Palo Quemado y las Pampas, Fiscalía persigue a los comuneros, alertó el movimiento en la red social X.
La pasada semana, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y el Consejo Político de Pachakutik anunciaron movilizaciones en rechazo a la actividad minera en ese territorio.
De acuerdo con un comunicado emitido por el MICC, las movilizaciones se realizarán el 20 y 27 de marzo, respectivamente.
Asimismo, el documento detalló que las jornadas tienen como objetivo rechazar la consulta ambiental anunciada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.    El pronunciamiento de los indígenas tuvo lugar luego de que el pasado 11 de marzo se registraran disturbios en la localidad de palo Quemado en esa provincia ecuatoriana, tras la presencia de paramilitares armados allí para amedrentan a la población antiminera del lugar.
Los miembros de esa comunidad culpan al gobierno del presidente Daniel Noboa y al Ministerio de Energía y Minas, por incumplir obligaciones legales y constitucionales sobre el derecho a consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para avanzar con el extractivismo minero.